No sé que pasa en Reconquista

(Por Diego Bogarín.)

Sepan disculpar mi ignorancia, pero hasta hace poco yo sabía donde estaba Reconquista o eso creía: creía que estaba en la próspera Argentina que imaginaba al escuchar los discursos y no donde la vi hoy por la tele; o quizás peor aún: no sabía que hay dos ciudades que co-existen: una en la página web del gobierno con fotos y todo y otra disimulada dentro de la polvareda que levanta el viento chaqueño, atadas ambas por su heroico nombre; son dos distintas y, a la vez, se disputan en medio de la tensión de diferentes provincias: la Santa Fe del Norte y la del Sur. Sepan disculparme, pero me nutro de lo que me informo y de lo que me enseñaron en la escuela. No tengo tiempo para más. Tengo que trabajar.

Sepan disculpar mi incomprensión, pero hasta hace poco creía que los wichis no eran piqueteros, o viceversa; pero hoy la tele me dijo que los aborígenes -sí, aborígenes- estaban cortando con un piquete en esa zona del chaco santafecino las vías del tren que tenía como destino Tartagal para llevar ayuda a los perjudicados por los últimos aludes que creo fueron consecuencia de desmontes –“legales”- feroces, o algo así... una vez escuché algo de eso, pero no sé en qué quedó. No tuve tiempo para escuchar bien. Estaba preparando mi almuerzo.


Por favor, disculpen mi curiosidad, pero quiero preguntar: ¿cómo se resuelve esto? O quizá la pregunta sea: ¿se resuelve esto? Comunidades históricamente -permiso: HISTÓRICAMENTE- silenciadas están encontrando nuevas -y aggiornadas a la Argentina último modelo- formas de manifestarse. “¿Hace falta que mueran varios por un desastre natural para que nos atiendan también a nosotros?”, preguntaba una wichi abuela –si me permite la expresión-. Abuela: hace Siglos los pueblos están inmersos en un desastre que, a esta altura, ya es natural. Meta pa delante nomás con lo suyo que yo tengo que salir un rato.

Puf, seré reiterativo, pero pido disculpas por mi intromisión. “Tenemos que aprender a compartir”, escuché que dijo una señora entrada en años con rasgos collas desde la lejana más lejana ahora Tartagal, aceptando de alguna manera que sus ¿compatriotas? accedan a parte del botín ferroviario. No entiendo bien a esta gente: ¿cómo se puede compartir sin tener algo? La lógica no está jugando a mi favor, pero tiene razón doña: tenemos que aprender a compartir. Empiece usted que el resto de los ¿argentinos? tenemos que cambiar un rato de canal.


No quiero cansarlo, pero, si corresponde, pido disculpas por mi ignorancia. Ignoraba que hay personas cansadas de esperar el tren, agotadas de mirar -sólo mirar- la vida, extenuadas de perder sus vidas. Ignoraba que la atención se vuelca sólo sobre quienes devuelvan a la sociedad la misma violencia que la sociedad les presenta en los contrastes sociales –en los que, obvio, son los menos favorecidos-. Ignoraba que en una provincia con gobierno demócratasocialista tampoco la copa se derrama –desenlace infinitamente postergado en la película neoliberal- y que en un país con gobierno progresista tampoco lo urgente es lo importante ni -menos aún- lo inverso. Ignoraba que a veces me intereso por temas así, están interesantes, pero lástima que ya no se pueda hacer nada por cambiarlos... ¿o si?

No sé qué pasa en Reconquista. Pero ahora quiero saberlo y ya no pedir perdón por la ignorancia, sino por la indiferencia; ya no por la incomprensión, sino por la intolerancia; ya no por la curiosidad, sino por mis respuestas; ya no por la intromisión, sino por la tardanza. En definitiva, por aquello que me hacía ver razas donde hay humanos y por lo que me hacía creer que todo pasaba lejos, hasta que pasó acá nomás, en la ciudad que ahora puede hacer gala de su nombre.

Transversalidad y oblicuidad de la hegemonía contemporánea misionera

Por Diego Bogarín.

Los trabajos de los grandes padres de las corrientes modernas de pensamiento como Thomas Hobbes, Adam Smith, Jean Jaques Rousseau, Friedrich Hegel, Pierre Proudhon, Carl Marx o Friedrich Nietzsche–sólo por juntar a algunos en una lista que apenas pretende enumerarlos, consciente de sus diferencias inconciliables- lograron nuevas concepciones de legitimidad de la autoridad. Asimismo, las reinterpretaciones y críticas de esos trabajos, a cargo de autores del siglo XX, permitieron nuevas herramientas teóricas para reelaborar las producciones de sentido acerca de los discursos contemporáneos que buscan insertar la legitimidad de las autoridades en las “elecciones” “populares” de gobierno.

Esas nuevas matrices de pensamiento se vieron beneficiadas por la efervescencia social que protagonizó la centuria pasada desde su inicio: revoluciones comunistas en Rusia, grandes guerras calientes y frías, inmigraciones internas e internacionales, accesos de las masas populares a espacios de decisión política y luchas por la reivindicación de sectores históricamente marginados. Corrientes feministas, de homosexuales, comunidades nativas, trabajadores y estudiantes comenzaron a encontrar nuevos espacios de apropiación de “lo público” –medios de comunicación, plazas, calles, edificios de gobierno- para marcar presencia y reconstruir las percepciones identitarias conformadas arbitrariamente por los discursos hegemónicos.

Enmarcada en las circunstancias mundiales, Argentina –que en ningún momento dejó de mirar más para afuera que para adentro- no pudo ser ajena a los debates que surgían desde el modernismo europeo y salpicaban con efecto centrífugo los ideales de democracia y libertad a costa de cualquier precio. Los partidos políticos buscaron conformar ese espacio de debate público y se autoproclamaron el ágora griego en el que las ideas pretendían cambiar la realidad. Por citar una odiosa comparación, lo que fue el radicalismo de Leandro Alem para las oligarquías de la generación del ’80 -y sucesoras-, fue el justicialismo de Domingo Perón para las burguesías nacionales a partir del ’45.

Sin embargo, la volatilización de las instituciones rígidas a partir de la consolidación del discurso de libre mercado en el mundo –más fenómenos históricos que permitieron cambiar las lentes de los que peleaban por acceder a los espacios de poder- llevó a que “todo lo sólido se desvanezca en el aire”, por parafrasear a Marx citado por Marshall Berman. Zygmunt Bauman propone ir más a fondo: se convive en una “modernidad líquida”, en la que los conceptos más contundentes se escurren entre las manos. La familia, el trabajo, las creencias, toman otro sentido. Mejor: los agentes productores de sentido social comienzan a otorgar un nuevo valor a los bienes culturales instituidos y a los saberes heredados.

La instalación del nuevo orden social que permitía el libre juego de las fuerzas del Mercado se consolidó en el mundo a partir de las ideas impulsadas por el Consenso de Washington en 1989 -desregulación financiera, libre comercio, privatizaciones, entre otras-. La injerencia de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional en las políticas internas argentinas era indisimulable. Pero tampoco había interés en que pase desapercibida; por el contrario, de manera obscena se perpetraron “relaciones carnales” –palabras usadas por el canciller menemista Guido di Tella- en las que el gobierno nacional tomaba el rol pasivo hacia afuera, pero activo hacia adentro.

Numerosas y sucesivas normas avaladas por un mismo estilo discursivo fueron conformando el aparato ideológico que se encargó de destruir los endebles cimientos económicos y sociales del Estado argentino que habían sobrevivido a la ofensiva liberal iniciada con la dictadura de 1976 y que fueron desarrollándose sin solución de continuidad hasta el estallido que desarmó al gobierno de la Alianza en medio de una convulsa social. Misiones no pareció desconocer esa dictadura de Mercado: el entonces gobernador Ramón Puerta reconoció en una entrevista otorgada recientemente que el ortodoxo Domingo Cavallo -mientras era ministro de economía de las gestiones menemistas- lo había reconocido como un alumno ejemplar, secundado en orden de mérito por el entonces mandatario santacruceño Néstor Kirchner. “Privatista” fue la palabra elegida por el ex mandatario misionero para definir ese tipo de políticas.

Es preferible ir más allá. La sociedad es el resultado dialéctico de la lucha de clases, lo reconocen los sectores liberales y conservadores. Lo define mejor John William Cooke en La lucha por la liberación nacional augurando que el peronismo “constituyó una revolución auténtica tanto en lo político como en lo económico y social” porque impulsaba “el gobierno de las masas populares”. En algún punto esa visión se perdió; si no, no se explicaría que el mandatario apostoleño que ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo en Misiones durante el decenio noventista siga estimando que “hay que fomentar el fortalecimiento del sector privado porque es el que genera riquezas”. Anotación al margen: la contradicción del sistema capitalista radica en que la producción de los bienes es social -es decir, está a cargo de todos- mientras que la apropiación de las riquezas es particular -es decir, a cargo de unos pocos-.

De manera paralela a su práctica peronista heterodoxa, Puerta no deja de criticar la transversalidad partidaria que llevó al actual presidente del Partido Justicialista a consolidar su discurso de “libre asociación suprapartidaria” tras nebulosos objetivos, sistema neo-partidario que adoptó también el Frente Renovador misionero para romper los moldes justicialistas y radicales de Carlos Rovira y Maurice Closs y que los llevó al enroque electoral que derivó en la presidencia de Cámara de Diputados del primero y en la gobernación en curso del segundo. Nuevas concepciones de hacer política.

Diría Alem en el testamento político que precedió a su inmortalidad: “Que se doble pero no se rompa”. Closs lo reacomodó: “Que no se doble ni se rompa”. Contemporáneo de culturas híbridas en las que cada persona en el resultado de su historicidad y es parte de una frontera ideológica ilusoria -muy por encima de preceptos instituidos por instituciones desfasadas en tiempo y forma-, sólo puso la firma a un nuevo discurso que –como estima Néstor García Canclini- ya no propone que el poder se ejerce de manera vertical de arriba hacia abajo, sino de una manera oblicua, con accesos desviados de sectores populares a espacios de poder y nuevas estrategias de un capitalismo de Estado que brinda espacio a capitales privados nacionales e internacionales -también impulsado por el contexto histórico mundial-.

La hegemonía no sólo impone: también convence, persuade y hasta premia. No es de dudar que la legitimidad otorgada por los comicios cuatrieniales es un punto a tener en cuenta, pero también es válido atender la definición de Pierre Bourdieu: la opinión pública no existe como tal ni como lo muestran los sondeos –elecciones, en este caso-, sino más bien como un encolumnamiento detrás de fuerzas que disputan espacios de poder a partir de varios factores: simpatía por algunos principios enumerados en campaña, empatía con la historia del “candidato”, compatibilidad de intereses defendidos.

Ni más allá ni más acá, la debilidad del sistema comienza a mostrar fisuras con las disputas contemporáneas para acceder o permanecer en los espacios de “representatividad”: Gilles Deleuze propone reinterpretar a Michel Foucault en Un diálogo sobre el poder: la indignidad de que hablen por uno mismo comienza a notarse cuando se comprende que las sapiencias sólo son legitimadas a partir de las prácticas que avasallan otros saberes. En una sociedad de control, cuando la empresa –concepto abstracto- reemplaza a la fábrica –espacio físico-, la disciplina se ejerce a partir de la exclusión de los espacios de visibilidad. El silencio no permite al subalterno hacerse visible, anula el diálogo y empaña la relación de poder.

Reconocer que se está ante un cambio de discurso y ante la instalación de la hegemonía de la transversalidad en Misiones y Argentina es clave para construir la contrahegemonía que permita un cambio en las percepciones sociales. La oposición no ha logrado construir ni acceder a espacios de debate porque sólo pretende generar cambios desde adentro del mismo sistema que critica, eso no es cambio y menos oposición: es reformismo. La postura gramsciana es clara cuando propone construir la contrahegemonía desde las bases para llegar a la conducción política, cultural y económica: se requiere generar y/o re-generar los bienes simbólicos culturales para que permitan un nuevo orden en el que los sectores sometidos accedan a los espacios negados por los intereses que detentan la conducción de los estados opresores de esas mismas clases que lo legitiman.

Mercado cerrado (por refacciones)

Por Diego Bogarín.

Establecer prioridades es algo que el Mercado no supo o no quiso hacer durante los últimos 25 años. La crisis en los sistemas financieros originada a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos –cuna del modelo neoliberal- significó mucho más que el cataclismo del modelo capitalista, pero no su fin en sí.

A través de cinco siglos de historia, la libre circulación de capital supo aggiornarse y sobrevivir a embestidas de todos los flancos, en especial los de la izquierda. La concepción del Estado como entidad opresora aprovechada por grupos concentrados para manipular masas populares, no se aleja tanto de la cotidianeidad, pero su chatura hace agua por varios costados a la vez. La misma teoría gramsciana de la conducción hegemónica plantea que entre dominados y dominantes hay un proceso de construcción de relaciones de poder del que burgueses y proletarios contribuyen casi en igual medida.

La eliminación de todo aparato superior, abstracto y connivente es el fin que persigue la corriente marxista, lo que daría lugar a la dictadura del proletariado. En este punto, esa teoría casi roza la concepción liberal que pretende una economía plena sin intervención, lo que daría lugar a una dictadura de mercado. Sin embargo, mientras el país reconocido como el nuevo imperio americano ejercía ese nivel de ausencia estatal, el crack de las Bolsas demostró que sus concepciones estaban algo erradas. Podría decirse en varios billones de dólares.

Sin embargo, la economía real estadounidense todavía no se vio resentida por la psicosis social que atravesó la Argentina tras la fisura de su modelo en diciembre de 2001. Quizás porque en el norte está la maquinita que imprime los verdes y, acá, apenas la imprenta del Lecop y el Patacón. Así la Economía expone su costado más influenciable por lo humano y cultural.

Para gurúes economistas provenientes de sectores ideológicos neoliberales como Kenneth Rogoff, ex director del FMI, o David Rosenberg, economista del banco de inversiones Merryll Lynch, y para medios de la talla de Fortune o Financial Times, el fin del capitalismo puede llegar si las entidades monetarias no toman las decisiones correctas. El presidente norteamericano interpretó esas invitaciones en primera persona y aplicó salvatajes estatales a entidades bancarias con varios –muchos- ceros para estabilizar los espacios bursátiles del mundo.

De manera evidente, desoyó la propuesta de la mano invisible de Adam Smith. Es curioso, George Bush pidió luego a las economías emergentes que contribuyan con la resolución del crash. A esas mismas naciones que pretendía imponer las recetas cambiarias favorables al libre mercado. Un claro reconocimiento de la dependencia simbiótica y recíproca entre productores y compradores generado a la sombra de la globalización mercantil y de que el Estado no debe estar ausente al momento de ordenar las prioridades que conduzcan al bien común.

La desproporcionada distribución de la riqueza mundial y el aumento de la brecha entre millonarios y desposeídos, evidencia que las potencias económicas que dirigían los recursos del mundo mientras acumulaban cada vez más, equivocaron el rumbo. No es algo nuevo, pero es algo que hay que repetir hasta el cansancio si es que hace falta. El mercado que trató de construirse un papel de ordenador eficiente, sólido y conveniente a costa de la desaparición estatal, fracasó.

Los Estados nacionales deben asumir esas zozobras para marcar los límites del mercado y ser quienes regulen el interés público. No por ser la última opción, sino por ser la opción necesaria. La intervención en espacios clave como salud, educación, seguridad, administración de recursos naturales y cuantas áreas sean de beneficio social, no pueden continuar al libre albedrío de capitales sin patria. La presencia gendarme del Estado en esos conceptos no debe ser pasajera. A menos que encuentren divertido jugar a la ruleta rusa.

Construyendo un nuevo Estado...

Por Diego Bogarín.

El Estado moderno, tal como está concebido hoy, es una construcción histórica. Puede ser entendido como un aparato opresor, como postulan las corrientes marxistas, o como una institución que sólo debe garantizar la propiedad privada, como especula el liberalismo ideológico. El Estado es, entonces, la justificación teórica de la conducción hegemónica que ejercen unos grupos sociales sobre otros.

Las definiciones convencionales que lo definen como “una Nación jurídicamente organizada”, parten de los supuestos hegelianos y rousseaunianos que proponían la existencia de pueblos dotados de identidades culturales comunes que justificaban con ellas su intervención y sus acciones. Sin embargo, la capacidad de abstraernos de esa idea es esencial para comprender el proceso de consolidación de las instituciones estatales contemporáneas.

Hacia el Siglo XVI, las clases sociales que veían afectadas su posición o posesiones ante el absolutismo monárquico característico de la Edad Media, principalmente la de los comerciantes y la nobleza, comenzaron a proponer nuevas formas de administración de los recursos. La autoridad heredada o la divina ya no eran convenientes para ellos. En paralelo, la Iglesia -institución legitimadora hasta entonces- iba perdiendo prestigio por el derrumbe de las concepciones teocráticas y el advenimiento del espíritu capitalista, base del protestantismo (Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo; 1905).

Las ideas Ilustradas de los siglos inmediatos concretaron la internalización en el inconsciente colectivo del concepto de una entidad superior capaz de otorgar derechos y beneficios, pero también castigos y sanciones (Thomas Hobbes, Leviatán; 1651). La paradoja de la privatización de lo público fue consolidándose a partir de accesos cada vez más restringidos para la gran mayoría a los espacios decisores y así, esa lucha ganada por los que se consideraban “pueblo” en 1776 en Estados Unidos y en 1789 en Francia, por ejemplo, fue advirtiéndose como un logro de la burguesía para la burguesía.

La explicación histórica, materialista y dialéctica surgida poco más de medio siglo después a partir de los trabajos de Karl Marx y Friedrich Engels, trató de graficar ese concepto de construcción y apropiación del concepto de “Estado” por parte de las clases propietarias de las fuerzas de producción, pero descuidaron que la maquinaria ideológica que fue estructurándose a través de varios siglos, tenía estrategias de alienación ejercidas sobre los sometidos de manera más profunda de lo que podían imaginar (Gilda Waldman Mitnik, Melancolía y Utopía; 1989). Además, tampoco tuvieron en cuenta que, si bien la “estructura” condiciona la “superestructura” al plantearle limitaciones temporales y sociales, también ella en simultáneo es constructora e iniciadora de estructuras que sirven de base para nuevas formas de reinterpretación de la realidad, premisa básica del pensamiento hegeliano.

A la luz de este razonamiento y sin salir del continente, es claro que el proceso de independencias americanas promovido por Inglaterra y sus aliados hacia principios del Siglo XIX buscaba acentuar e incrementar los mercados donde ubicar la materia prima excedente de su revolución industrial capitalista (Raúl Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata; 1936), por lo que tampoco aquí el panorama ubica el surgimiento de los nacionalismos como un proceso consciente y reflexionado por parte de los habitantes de esa gran América que hace doscientos años comenzaba a fracturarse.

Los últimos dos siglos, Argentina fue testigo de proyectos nacionalistas sostenidos por burgueses chovinistas que decían responder a la patria que los cobijaba, pero escondían acuerdos con sectores similares de otras partes del mundo. Militares y políticos no escapan a esa misma realidad: Cornelio Saavedra, Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre, Julio A. Roca, Hipólito Yrigoyen, Domingo Perón. Sus discípulos no podían ser menos que ellos. América padeció en simultáneo los mismos síntomas, por lo que podría también hablarse de la misma enfermedad. Francisco Solano López y Alfredo Stroessner en Paraguay, Getulio Vargas y Paulo Maluf en Brasil, Antonio López de Santa Anna y Manuel Ávila Camacho en México, algunos nombres que podrían ser considerados puntas de ovillo dentro del intento por reivindicar una identidad de patrias chicas.

No es sencillo descubrirse ante momentos históricos, pero la primera década del Siglo XXI está proponiendo espacios privilegiados en la construcción y resolución de nuevos conflictos. Los polos amerindios y las corrientes americanistas apremian rigurosas reflexiones intelectuales, discursivas y de praxis para contribuir en la consolidación de nuevos significados. Pensamientos del brasileño Paulo Freire, del boliviano Luis Beltrán y del venezolano Antonio Pasquali, son ejemplos teórico-prácticos de esos cambios culturales que antecedieron los cambios políticos que viven sus respectivas comunidades.

Las llegadas de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil desde una plataforma sindicalista, de Evo Morales en Bolivia con acompañamiento de las masas indígenas y de Hugo Chávez en Venezuela con amplios márgenes de apoyo militar y civil, mutan conceptos tradicionales como “patria” y “bandera”. Van más allá inclusive, redefinen identidades al ejercer discursos con nuevas mismidades y otredades.

En este marco, las discusiones se deberían orientar a romper los conocimientos heredados, a tomar distancia de lo pasivo y a militar en pos de una revolución a conciencia que no se coma sus hijos sino sus padres, porque “Estado” no debería ya hacer referencia al “status quo” que se buscaba mantener en su significado original. Lo estatal no debería ser más la organización justificadora de conducciones hegemónicas.

Estas batallas por un nuevo Estado deben ser aprovechadas para crear un nuevo espacio donde no haya conducción, sino compromiso; donde no haya vanguardia, sino organizaciones; donde no haya mejores, sino igualdad. Quinientos años dice la historia oficial que tienen las civilizaciones en el continente, cinco mil demuestran los estudios. Cualquiera de las dos posturas demuestra que ya es tiempo de generar una propia conciencia y que podemos pelear por nosotros mismos.

La culpa no es del juez

(Por Diego Bogarín)

La sanción penal es una respuesta contingente frente a un hecho, definida previamente en un texto legal. Para el abogado Alberto Bovino, del Centro de Estudios Legales y Sociales, los comportamientos y actitudes no presentan nada que los vincule estrictamente a una respuesta punitiva más que una decisión política de un sistema penal vigente o una construcción social axiológica, tan discutibles como cualquier otra. Aceptado este punto de partida, es evidente que el delito "no existe" más allá de la definición legal, es decir, no tiene existencia ontológica, sino que se trata sólo de un problema de definiciones.

Crímenes cometidos por personas reincidentes o por reos que cumplían penas domiciliarias aún con graves antecedentes, han puesto en el centro del debate, por un lado, la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte y, por el otro, las visiones garantistas de aplicación de las leyes penales.

Rocío Álvarez tiene 10 años y fue atropellada el 18 de junio en General Dorrego por un hombre que ofreció llevarla a un centro médico, pero que en el camino la violó y luego la prendió fuego para que no lo denunciara. La niña sobrevivió e indicó quién había sido su victimario: Mauro Schechtel, un plomero de 27 años que ya había sido condenado en 2001 a tres años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca por intentar abusar de una niña en condiciones similares. Rocío estuvo un mes y medio internada en el hospital Garraham y recibió el alta el 1 de agosto. Seis días después, el senador bonaerense del Frente para la Victoria Roberto Fernández propuso debatir la pena de muerte para casos de reincidentes en delitos sexuales.

La Masacre de Campana, tiene entre sus principales sospechosos a Ángel Fernández, un ex convicto que purgó condenas por violación seguida de muerte y tenencia ilegal de armas de guerra, pero que accedió al beneficio de la morigeración de la última condena gracias a la interpretación jurídica del magistrado garantista Nicolás Schiavo. Luego de la mediatización que catapultó el crimen de la familia Mansilla a los análisis de especialistas policiales, el juez del Tribunal de Garantías de San Martín fue duramente cuestionado por su posición ideológica y los pedidos de juicio político se hicieron eco en legisladores y en el mismo ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal.

Un informe elaborado por el Patronato de Liberados, da cuenta de que en la provincia de Buenos Aires hay 61.322 personas penalmente judicializadas. Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, de esa cifra, 21.822 están detenidos en los 53 penales de la provincia y los 39.500 restantes fueron beneficiados con distintas medidas alternativas a la prisión preventiva. De los detenidos, 17.118 están procesados con prisión preventiva y apenas 4.704 cumplen una condena efectiva por el delito que cometieron.

La historia de los sistemas judiciales impuso la figura del acusado, de la víctima y de una tercera posición, estrictamente imparcial y desinteresada, que debe mediar los conflictos y resolver los dilemas ante él presentados, interpretando las normas vigentes en consonancia con las prácticas sociales que reconoce como válidas. De allí que su decisión sea la que determine la culpabilidad y sanción que considere conveniente aplicar en cada caso particular.

La prohibición penal de determinados comportamientos genera la ilusión de que ciertos problemas son resueltos, mas la realidad demuestra que la intervención penal suele ser ineficaz para enfrentarlos (como sucede, por ejemplo, con los delitos de tránsito, primera causa de muerte en nuestro país para la franja etaria de 15 a 50 años).

La imposición de una pena sólo sirve para consolidar la imagen de "desviado" que la reacción social impone al individuo criminalizado, generando, en la amplia mayoría de los casos, la iniciación de la carrera criminal. El efecto directo del encierro carcelario es el aumento de las reincidencias y esto lo demuestran las cifras: en 2004, el director del Patronato de Liberados del ministerio de Justicia de Buenos Aires, Juan Carlos Anglada, informó que el nivel de reincidencias era del 45%; cuatro años después, el diputado bonaerense Jorge Macri consideró que la reincidencia había ascendido al 70%.

Lo primordial para el abolicionismo, es devolver el conflicto a quienes les pertenece, esto es, a quienes el derecho penal hoy llama autor y víctima. La voluntad de estos sujetos es lo más importante para decidir qué hacer. Y frente al grito de quienes volverán a recordar a la víctima vengativa o poderosa, dirá que las demás ramas del derecho ofrecen garantías para evitar ciertas soluciones no deseadas. Frente a un incumplimiento contractual el acreedor no puede elegir cualquier opción, no puede, por ejemplo, pedir que el deudor sea encerrado u obligado a pagar cinco veces la suma adeudada. De lo que se trata, en definitiva, es de que cualquier instancia estatal que intervenga no tenga poder para imponer a las partes una decisión que ponga fin al conflicto, pero sí que pueda evitar que se impongan ciertas soluciones.

La profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Barcelona, Elena Larrauri, opina que lo más criticado de la proposición de abolición del derecho penal es que la desaparición del sistema implicaría borrar límites de la intervención punitiva del Estado. Esto provoca que compañeros de viaje del abolicionismo, cuando sugería la abolición de la cárcel, se hayan alejado de estas propuestas manifestándose más cercanos a lo que se ha dado en llamar, a raíz del libro Derecho y Razón de Ferrajoli publicado en 1995, garantismo. Para autores garantistas como Bianchi y Hulsman, la abolición de la prisión es ineficaz porque no propone una resolución de estos ‘problemas sociales’ y agregan que si uno se aproxima a los eventos criminalizados y los trata como problemas sociales, podrá ampliar el abanico de posibles respuestas, no limitándose a la respuesta punitiva.

La excusa que legitimó históricamente la intervención del Estado es la prevención de las venganzas personales, pero ella merece, al menos, dos observaciones. Los autores garantistas legitiman las penas toda vez que permitan la prevención de delitos y venganzas. Diversas investigaciones criminológicas (Sessar y Frehsee, entre otras), han demostrado que las propias víctimas en ocasiones quieren renunciar a la pena a cambio de una reparación, pero es precisamente el Estado y la concepción de la pena pública la que fuerza su imposición. Por ello, una estrategia alternativa, consiste en reducir el poder punitivo del Estado abogando por un modelo de justicia restauradora, que vetase determinados tipos de penas como la prisión y concediese un mayor protagonismo a la víctima para juzgar y para determinar la respuesta. Este poder reducido debería ser, obviamente, sometido a garantías.

Si los argumentos expuestos hasta el momento son plausibles, la consecuencia es que el miedo a las ‘venganzas privadas’ o reacciones estatales incontroladas, no suministra una justificación al modelo de derecho penal basado en la punición del delincuente. Schiavo argumentó en defensa de su decisión que si hubiese sabido que Fernández participaría de nuevos delitos, no le habría permitido el beneficio de la prisión domiciliaria. Su postura coincide con el ideal garantista: es imposible demostrar que la pena privativa de libertad cumpla su función de prevenir delitos.

La Información, ¿cuestión de negocios?

(Por Diego Bogarín)

Quizás el surgimiento del periodismo se dio “en el contexto del surgimiento del mercantilismo” y respondió a la “avidez de información de la burguesía en ascenso” como remarca María Seoane en Información: ¿se puede saber lo que pasa? y hasta es probable que no siempre el área editorial de un medio funcione de manera independiente de la sección de publicidad, como asegura Adriana Amado Suárez en Prensa y comunicación. Personas y empresas frente a los medios, pero hay que reconocer también que estas miradas economicistas desconocen experiencias posibles para cambiar esa realidad que describen sin denunciar.

Las visiones funcionalistas dirían que los sistemas de comunicación reflejan las condiciones sociales y geográficas de cada país. Así, Estados Unidos impulsó el entretenimiento en los mass media financiándolos con publicidades; la Unión Soviética fomentó medios controlados en lo político y financiero por el gobierno y, el Reino Unido, privilegió la creación de un sistema también público, pero sostenido con impuestos pagados por los ciudadanos propietarios de los receptores de radio.

De los ejemplos mencionados, rescatar el británico permitiría extraer elementos útiles para cualquier análisis mediático que pretenda realizarse. Lograr mantener una organización comunicacional con aportes de los mismos ciudadanos a los que se deben prestar las herramientas de análisis e información de la realidad, puede ser la alternativa válida para combatir los desvíos axiológicos que padecen las empresas mediáticas que tienen como principal medio de sustento la publicidad gubernamental o privada, al menos mientras lo importante sea mantener el modelo de “soberanía popular” y la “libertad de expresión”.

En el capítulo Entender la Prensa del libro citado, Amado Suárez destaca que los ciudadanos asignan a los medios funciones que no le corresponden “como la resolución de conflictos y la imposición de justicia”, pero al mismo tiempo Seoane cita en su trabajo al investigador de la Universidad de Berkeley, Eric Klinenberg, que en la edición mejicana de Le Monde Diplomatique cuestionaba, ya en 1999, la cada vez mayor superficialidad de los trabajos periodísticos publicados. Klinenberg continúa teniendo tanta vigencia como nueve años atrás.

Si los medios tuviesen como objetivo transparentar las gestiones gubernamentales y las acciones de los privados que atenten contra los principios que son considerados fundamentales en una sociedad, primero necesitarán -al menos en un país como Argentina- que se comience a trabajar en la articulación de garantías jurídicas esenciales para quienes desempeñen esa tarea. El debate deberá entonces moverse en torno a si debe o no ser ésta la función de los medios.

Si se quieren empresas que manejen la información en conformidad con los que les asignan recursos, el esfuerzo deberá volcarse entonces a promover entes comerciales que empleen las noticias como mercaderías con valor agregado –retomando la postura de Seoane- y actúen conforme a esos intereses particulares.

Sin embargo, si el ideario es alcanzar una etapa superadora en la que la manifestación cultural cotidiana sea una realidad alcanzable, los medios deberán institucionalizarse a través de políticas que contemplen un rol social comprometido y con normativas que propicien la profesionalización de sus integrantes, aunque esto le signifique, a los grupos de poder, perder la capacidad de influir en la construcción de la realidad.

Cuando levantar la mano no es dividir

(Por Diego Bogarín)

La concertación plural planteada por el Frente para la Victoria que posibilitó el enroque del matrimonio Kirchner en la presidencia, está pasando su prueba más difícil. Antes de la madrugada decisiva, sólo los discursos y el armado de las listas evidenciaban la convivencia ideológica en el seno de la plataforma partidaria. Ahora es el momento de demostrarlo en la práctica.

El mensaje político que se lee en la disidencia del vicepresidente Julio Cobos con respecto a la iniciativa planteada por Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, no tiene por qué ser necesariamente un Tedeum a la Democracia. Ni mucho menos.

El proyecto legislativo que pretendía validar la Resolución 125 de retenciones móviles, no fue desestimado sólo porque Cobos en la titularidad de la Cámara Alta votó de manera negativa. Antes, la medida enfrentó intereses disímiles que proponían modelos distintos de país; antes, los actos y movilizaciones demostraron que la sociedad había perdido el miedo a manifestarse con bombos o cacerolas; antes, los 72 senadores que representan los estados provinciales debieron polarizarse y, antes, mucho antes, también los intereses mediáticos debieron apostar sus fichas en este juego de poder.

Plantear una disyuntiva Cobos-Cristina es simplificar rozando la hipocresía, también lo sería hacer de cuenta que lo que pasó fue solo una sesión más de la democracia argentina. Buenos y malos se quedan en historietas o tiras de ficción, pero la realidad tiene actores mucho más complejos que cargan con historicidades y proyectos que no siempre son contenidos dentro de una estructura política y menos si es sólo electoral.

Provenientes de espacios diametralmente opuestos -Cobos del radicalismo y Cristina del justicialismo -, el mismo tono de su discurso ya manifiesta las claras y particulares actitudes de uno y otro, sin mencionar las diferencias de género que no es un dato a menospreciar. Por lo tanto esbozar pronósticos de renuncia o vislumbrar “crisis” en cada diferencia de criterio es estructurar sobre una concepción equivocada de la democracia.

Democracia no es levantar la mano en una banca, hacer uso de la cadena nacional o licitar mega-emprendimientos calificados como “obra pública”. Democracia no es sólo votar cada determinado tiempo, debatir en asambleas o hacer lo que la mayoría dice. Democracia también es discusión, es enfrentamiento de ideas e intereses y, para esto, hacen falta todos. Incluso -y hasta más aún- los que piensan y opinan diferente.