La culpa no es del juez

(Por Diego Bogarín)

La sanción penal es una respuesta contingente frente a un hecho, definida previamente en un texto legal. Para el abogado Alberto Bovino, del Centro de Estudios Legales y Sociales, los comportamientos y actitudes no presentan nada que los vincule estrictamente a una respuesta punitiva más que una decisión política de un sistema penal vigente o una construcción social axiológica, tan discutibles como cualquier otra. Aceptado este punto de partida, es evidente que el delito "no existe" más allá de la definición legal, es decir, no tiene existencia ontológica, sino que se trata sólo de un problema de definiciones.

Crímenes cometidos por personas reincidentes o por reos que cumplían penas domiciliarias aún con graves antecedentes, han puesto en el centro del debate, por un lado, la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte y, por el otro, las visiones garantistas de aplicación de las leyes penales.

Rocío Álvarez tiene 10 años y fue atropellada el 18 de junio en General Dorrego por un hombre que ofreció llevarla a un centro médico, pero que en el camino la violó y luego la prendió fuego para que no lo denunciara. La niña sobrevivió e indicó quién había sido su victimario: Mauro Schechtel, un plomero de 27 años que ya había sido condenado en 2001 a tres años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca por intentar abusar de una niña en condiciones similares. Rocío estuvo un mes y medio internada en el hospital Garraham y recibió el alta el 1 de agosto. Seis días después, el senador bonaerense del Frente para la Victoria Roberto Fernández propuso debatir la pena de muerte para casos de reincidentes en delitos sexuales.

La Masacre de Campana, tiene entre sus principales sospechosos a Ángel Fernández, un ex convicto que purgó condenas por violación seguida de muerte y tenencia ilegal de armas de guerra, pero que accedió al beneficio de la morigeración de la última condena gracias a la interpretación jurídica del magistrado garantista Nicolás Schiavo. Luego de la mediatización que catapultó el crimen de la familia Mansilla a los análisis de especialistas policiales, el juez del Tribunal de Garantías de San Martín fue duramente cuestionado por su posición ideológica y los pedidos de juicio político se hicieron eco en legisladores y en el mismo ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal.

Un informe elaborado por el Patronato de Liberados, da cuenta de que en la provincia de Buenos Aires hay 61.322 personas penalmente judicializadas. Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, de esa cifra, 21.822 están detenidos en los 53 penales de la provincia y los 39.500 restantes fueron beneficiados con distintas medidas alternativas a la prisión preventiva. De los detenidos, 17.118 están procesados con prisión preventiva y apenas 4.704 cumplen una condena efectiva por el delito que cometieron.

La historia de los sistemas judiciales impuso la figura del acusado, de la víctima y de una tercera posición, estrictamente imparcial y desinteresada, que debe mediar los conflictos y resolver los dilemas ante él presentados, interpretando las normas vigentes en consonancia con las prácticas sociales que reconoce como válidas. De allí que su decisión sea la que determine la culpabilidad y sanción que considere conveniente aplicar en cada caso particular.

La prohibición penal de determinados comportamientos genera la ilusión de que ciertos problemas son resueltos, mas la realidad demuestra que la intervención penal suele ser ineficaz para enfrentarlos (como sucede, por ejemplo, con los delitos de tránsito, primera causa de muerte en nuestro país para la franja etaria de 15 a 50 años).

La imposición de una pena sólo sirve para consolidar la imagen de "desviado" que la reacción social impone al individuo criminalizado, generando, en la amplia mayoría de los casos, la iniciación de la carrera criminal. El efecto directo del encierro carcelario es el aumento de las reincidencias y esto lo demuestran las cifras: en 2004, el director del Patronato de Liberados del ministerio de Justicia de Buenos Aires, Juan Carlos Anglada, informó que el nivel de reincidencias era del 45%; cuatro años después, el diputado bonaerense Jorge Macri consideró que la reincidencia había ascendido al 70%.

Lo primordial para el abolicionismo, es devolver el conflicto a quienes les pertenece, esto es, a quienes el derecho penal hoy llama autor y víctima. La voluntad de estos sujetos es lo más importante para decidir qué hacer. Y frente al grito de quienes volverán a recordar a la víctima vengativa o poderosa, dirá que las demás ramas del derecho ofrecen garantías para evitar ciertas soluciones no deseadas. Frente a un incumplimiento contractual el acreedor no puede elegir cualquier opción, no puede, por ejemplo, pedir que el deudor sea encerrado u obligado a pagar cinco veces la suma adeudada. De lo que se trata, en definitiva, es de que cualquier instancia estatal que intervenga no tenga poder para imponer a las partes una decisión que ponga fin al conflicto, pero sí que pueda evitar que se impongan ciertas soluciones.

La profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Barcelona, Elena Larrauri, opina que lo más criticado de la proposición de abolición del derecho penal es que la desaparición del sistema implicaría borrar límites de la intervención punitiva del Estado. Esto provoca que compañeros de viaje del abolicionismo, cuando sugería la abolición de la cárcel, se hayan alejado de estas propuestas manifestándose más cercanos a lo que se ha dado en llamar, a raíz del libro Derecho y Razón de Ferrajoli publicado en 1995, garantismo. Para autores garantistas como Bianchi y Hulsman, la abolición de la prisión es ineficaz porque no propone una resolución de estos ‘problemas sociales’ y agregan que si uno se aproxima a los eventos criminalizados y los trata como problemas sociales, podrá ampliar el abanico de posibles respuestas, no limitándose a la respuesta punitiva.

La excusa que legitimó históricamente la intervención del Estado es la prevención de las venganzas personales, pero ella merece, al menos, dos observaciones. Los autores garantistas legitiman las penas toda vez que permitan la prevención de delitos y venganzas. Diversas investigaciones criminológicas (Sessar y Frehsee, entre otras), han demostrado que las propias víctimas en ocasiones quieren renunciar a la pena a cambio de una reparación, pero es precisamente el Estado y la concepción de la pena pública la que fuerza su imposición. Por ello, una estrategia alternativa, consiste en reducir el poder punitivo del Estado abogando por un modelo de justicia restauradora, que vetase determinados tipos de penas como la prisión y concediese un mayor protagonismo a la víctima para juzgar y para determinar la respuesta. Este poder reducido debería ser, obviamente, sometido a garantías.

Si los argumentos expuestos hasta el momento son plausibles, la consecuencia es que el miedo a las ‘venganzas privadas’ o reacciones estatales incontroladas, no suministra una justificación al modelo de derecho penal basado en la punición del delincuente. Schiavo argumentó en defensa de su decisión que si hubiese sabido que Fernández participaría de nuevos delitos, no le habría permitido el beneficio de la prisión domiciliaria. Su postura coincide con el ideal garantista: es imposible demostrar que la pena privativa de libertad cumpla su función de prevenir delitos.

La Información, ¿cuestión de negocios?

(Por Diego Bogarín)

Quizás el surgimiento del periodismo se dio “en el contexto del surgimiento del mercantilismo” y respondió a la “avidez de información de la burguesía en ascenso” como remarca María Seoane en Información: ¿se puede saber lo que pasa? y hasta es probable que no siempre el área editorial de un medio funcione de manera independiente de la sección de publicidad, como asegura Adriana Amado Suárez en Prensa y comunicación. Personas y empresas frente a los medios, pero hay que reconocer también que estas miradas economicistas desconocen experiencias posibles para cambiar esa realidad que describen sin denunciar.

Las visiones funcionalistas dirían que los sistemas de comunicación reflejan las condiciones sociales y geográficas de cada país. Así, Estados Unidos impulsó el entretenimiento en los mass media financiándolos con publicidades; la Unión Soviética fomentó medios controlados en lo político y financiero por el gobierno y, el Reino Unido, privilegió la creación de un sistema también público, pero sostenido con impuestos pagados por los ciudadanos propietarios de los receptores de radio.

De los ejemplos mencionados, rescatar el británico permitiría extraer elementos útiles para cualquier análisis mediático que pretenda realizarse. Lograr mantener una organización comunicacional con aportes de los mismos ciudadanos a los que se deben prestar las herramientas de análisis e información de la realidad, puede ser la alternativa válida para combatir los desvíos axiológicos que padecen las empresas mediáticas que tienen como principal medio de sustento la publicidad gubernamental o privada, al menos mientras lo importante sea mantener el modelo de “soberanía popular” y la “libertad de expresión”.

En el capítulo Entender la Prensa del libro citado, Amado Suárez destaca que los ciudadanos asignan a los medios funciones que no le corresponden “como la resolución de conflictos y la imposición de justicia”, pero al mismo tiempo Seoane cita en su trabajo al investigador de la Universidad de Berkeley, Eric Klinenberg, que en la edición mejicana de Le Monde Diplomatique cuestionaba, ya en 1999, la cada vez mayor superficialidad de los trabajos periodísticos publicados. Klinenberg continúa teniendo tanta vigencia como nueve años atrás.

Si los medios tuviesen como objetivo transparentar las gestiones gubernamentales y las acciones de los privados que atenten contra los principios que son considerados fundamentales en una sociedad, primero necesitarán -al menos en un país como Argentina- que se comience a trabajar en la articulación de garantías jurídicas esenciales para quienes desempeñen esa tarea. El debate deberá entonces moverse en torno a si debe o no ser ésta la función de los medios.

Si se quieren empresas que manejen la información en conformidad con los que les asignan recursos, el esfuerzo deberá volcarse entonces a promover entes comerciales que empleen las noticias como mercaderías con valor agregado –retomando la postura de Seoane- y actúen conforme a esos intereses particulares.

Sin embargo, si el ideario es alcanzar una etapa superadora en la que la manifestación cultural cotidiana sea una realidad alcanzable, los medios deberán institucionalizarse a través de políticas que contemplen un rol social comprometido y con normativas que propicien la profesionalización de sus integrantes, aunque esto le signifique, a los grupos de poder, perder la capacidad de influir en la construcción de la realidad.

Cuando levantar la mano no es dividir

(Por Diego Bogarín)

La concertación plural planteada por el Frente para la Victoria que posibilitó el enroque del matrimonio Kirchner en la presidencia, está pasando su prueba más difícil. Antes de la madrugada decisiva, sólo los discursos y el armado de las listas evidenciaban la convivencia ideológica en el seno de la plataforma partidaria. Ahora es el momento de demostrarlo en la práctica.

El mensaje político que se lee en la disidencia del vicepresidente Julio Cobos con respecto a la iniciativa planteada por Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, no tiene por qué ser necesariamente un Tedeum a la Democracia. Ni mucho menos.

El proyecto legislativo que pretendía validar la Resolución 125 de retenciones móviles, no fue desestimado sólo porque Cobos en la titularidad de la Cámara Alta votó de manera negativa. Antes, la medida enfrentó intereses disímiles que proponían modelos distintos de país; antes, los actos y movilizaciones demostraron que la sociedad había perdido el miedo a manifestarse con bombos o cacerolas; antes, los 72 senadores que representan los estados provinciales debieron polarizarse y, antes, mucho antes, también los intereses mediáticos debieron apostar sus fichas en este juego de poder.

Plantear una disyuntiva Cobos-Cristina es simplificar rozando la hipocresía, también lo sería hacer de cuenta que lo que pasó fue solo una sesión más de la democracia argentina. Buenos y malos se quedan en historietas o tiras de ficción, pero la realidad tiene actores mucho más complejos que cargan con historicidades y proyectos que no siempre son contenidos dentro de una estructura política y menos si es sólo electoral.

Provenientes de espacios diametralmente opuestos -Cobos del radicalismo y Cristina del justicialismo -, el mismo tono de su discurso ya manifiesta las claras y particulares actitudes de uno y otro, sin mencionar las diferencias de género que no es un dato a menospreciar. Por lo tanto esbozar pronósticos de renuncia o vislumbrar “crisis” en cada diferencia de criterio es estructurar sobre una concepción equivocada de la democracia.

Democracia no es levantar la mano en una banca, hacer uso de la cadena nacional o licitar mega-emprendimientos calificados como “obra pública”. Democracia no es sólo votar cada determinado tiempo, debatir en asambleas o hacer lo que la mayoría dice. Democracia también es discusión, es enfrentamiento de ideas e intereses y, para esto, hacen falta todos. Incluso -y hasta más aún- los que piensan y opinan diferente.

Misiones de discurso o de turismo...

(Por Diego Bogarín)

En medio del acto del Día de la Bandera, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, criticó “los traslados de las fechas patrias para fomentar el turismo” y bajó la orden a legisladores y funcionarios provinciales de mostrarse a favor de una nueva manera de recordar la Historia. Los diputados nacionales, el Ministro de Educación y los encargados de las áreas turísticas en la provincia, ya estudian las vías para cumplir esa directiva.

Las leyes nacionales 21.329/76; 23.555/78 y 24.445/94 y sus reglamentaciones regulan esta cuestión. En 1976, el gobierno de facto del general Jorge Videla estableció 10 feriados nacionales y un día no laborable; 12 años después, Raúl Alfonsín dispuso la movilidad de los que caigan en días hábiles exceptuando el 1º de enero, el Viernes Santo, el 1° y 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, 17 de Agosto y 8 y 25 de Diciembre y, en 1994, Carlos Menem resolvió volver trasladables también los feriados que conmemoran la muerte de Manuel Belgrano y de José de San Martín, exclusivamente para construir fines de semanas prolongados.

Misiones es la segunda provincia más pequeña del país después de Tucumán, pero también la segunda en recibir visitantes detrás de Río Negro con su inamovible Bariloche. Los cientos de destinos alternativos distribuidos en sus 29 mil kilómetros cuadrados, podrían permitirle vivir de una industria sin chimeneas, pero las políticas no acompañan las bellezas naturales.

No alcanza con discutir la movilidad de los días o proponer la construcción de “puentes de días no laborables desde el feriado hasta el fin de semana”. Los proyectos de la tierra colorada más bien deberían evitar que se continúen eliminando miles de hectáreas de bosque nativo para producir pino, deberían elegir entre un Paraná sano o las papeleras que operan en su margen y decidir si se quieren los Saltos del Moconá o las represas sobre el río Uruguay. Todo no se puede. Y Misiones merece que el turismo sea la base de su desarrollo.

La Cuasiperfección de Cristina

(Por Diego Bogarín)

Como reviviendo un 17 de octubre bizarro, la plaza se fue colmando desde la mañana. Las estructuras armadas ayer para contener a la gente y el escenario imponente eran testigos de los grupos que, por oleadas, iban acercándose desde distintos rincones del país. La organización se preocupó y ocupó de que cada provincia aporte una nutrida participación al evento. Y le salió bien.

Los colectivos que se movilizaron desbordaron la avenida más ancha del país al descargar su pasaje en el centro de la Capital "Federal". La 9 de Julio, la Independencia, la Córdoba y las arterias periféricas debieron restringirse al tránsito y ser de uso exclusivo a partir del mediodía. Todo salió como estaba previsto, hasta que lo imprevisto fue protagonista: no se pudo predecir que un viejo farol de la plaza donde se alzaban las pancartas, iba a cobrarse la vida de un joven tucumano que apenas alcanzó la mayoría de edad.

Las columnas sindicales aportaron tambores y colores y miles de argentinos que se acercaron a escuchar el discurso de la presidente que aseguraban haber votado… o a cobrar el dinero que desde distintos medios denunciaban: en Misiones, empleados estatales aseguraron que les ofrecían $200 para que formen parte de la comitiva oficialista. A lo que se le sumó el clásico choripan a la salida.

No se llenó la plaza de gente que apoyaba las medidas económicas del gobierno, como desde Casa Rosada insisten. Muchos llegaron porque compraron la propaganda de defender la democracia en Plaza de Mayo. No fue en vano que las excesivas publicidades de último momento apuntaron a conmover contra los “Cuatro señores que quieren desabastecer al país”: los que no tienen recursos, son los que más sufren la escalada de precios y fueron ellos mismos quienes llegaron a agolparse en Balcarce 50 de espaldas al Cabildo, a diferencia de lo que fue en el 1810 que Cristina quiere recordar en el Pacto del Bicentenario.

El discurso fue predecible, aunque se esperaba algo más; muchos pensaron que iba a ser un día histórico, pero fue más de lo mismo. La verborragia llegó después del intento de conmover con el “fue sin querer”; el repaso histórico de su currículum no incluyó que votó la reforma constitucional que permitió a su marido perpetuarse en la gobernación de Santa Cruz y saltar a la presidencia para luego, en un peculiar enroque, dejarla a cargo del báculo.

Veinticinco minutos duró el discurso. Suficientes para que los movilizados se alejen a su término mucho más rápido de lo que llegaron. El espíritu fervoroso fue aplacado por los 10 grados de la tarde, que no invitaban a mojar los pies en la fuente histórica de los descamisados. O quizá el fervor era distinto. O quizá sólo era el choripan que se les enfriaba.

Sospecho que no sospechamos

(Por Diego Bogarín)

Marx, Freud y Nietzsche son los padres de la sociedad de la sospecha. Hoy, comenzamos a construir nuestras opiniones despues de los noticieros o al terminar el hojeo del diario. Las ideas de a poco se van matando, contra lo que afirmaba Sarmiento que parece que también en esto se equivocó.

Tenemos la capacidad de formular pensamientos y posturas críticas frente al discurso que tratan de instalar los que manejan la construcción de la realidad (léase intereses mediáticos, intereses privados o públicos, gobierno u otros), pero ¿cuánto aprovechamos los medios que tenemos para alcanzar esa capacidad crítica?

Encontrar personas cada vez menos interesada en investigar pero con ganas de salir en la tele puteando a la presidente o de criticar a los ruralistas en los grupos de correo, es casi sinónimo de que ganaron quienes tenían más recursos para instalar su posición en “la gente”…si es que existe ese monstruo amorfo que llaman “la gente”.

Los conflictos no tienen buenos y malos, eso es sabido de antemano: si el escenario de discusión tiene reglas de participación, es obvio que quiénes son los agentes que participan buscando o no tomar parte de la distribución del capital económico, adquiere un lugar preponderante:

*La presidente ha demostrado una y otra vez en medio año que no le tiembla el pulso para imponer su idea a cualquier costo. No ha cambiado en nada el modelo de su antecesor. Y la distribución de la riqueza, sólo es parte de un discurso. El federalismo, ni eso. Misiones, por ejemplo, no será prioridad ni aún teniendo gobernadores condescendientes como los que ha tenido durante 20 años -siendo generosos- y ninguna provincia lo será en realidad hasta que personalistas como los Kirchner y sus predecesores –con sus empresas y las que financian campañas- sigan ejerciendo el Poder Ejecutivo Nacional.

*La Sociedad Rural no pierde con la retención porcentual de sus exportaciones, sólo gana menos. Coninagro, Confereración y Federación Agraria, juegan por lo que han ganado en los últimos años. El dólar alto es un buen negocio para vender, pero su maquinaria e insumos también sufrieron modificaciones en alza con respecto a la década anterior.

*Alrededor de 10 millones de personas se informan con el grupo Clarín en el país: Multicanal, Cablevisión, Canal 13, TN, TyC, Metro, Magazine –varios canales en provincia de Bs As y Córdoba-, Fibertel, Arnet, DirecTV, Diario Clarin en Capital y otros del interior –La Voz en Córdoba y Los Andes en Mendoza en sociedad con La Nación, por ejemplo- son parte de la maquinaria interesada en mantener el monopolio comunicacional que el gobierno quiere volcar a favor del grupo Telefónica –propietaria de Telefé y Grupos Editoriales como Atlántida y otros-, que ya ha empezado conversaciones para que se apruebe la norma de televisión digital europea, frente a la norma norteamericana en la que ya ha invertido Clarín invirtiendo en elementos que funcionan exclusivamente con esa modalidad. La ley de Radiodifusión que comenzó a discutirse no es otra cosa que eso. Hay que saberlo para entenderlo.

Lo que se entiende como “Opinión Pública”, es el resultado del trabajo diario de las empresas que construyen la realidad que les conviene recrear. No hay que dejarse convencer por demostraciones estúpidas de manifestaciones rentadas ni por palabras pronunciadas enérgicamente en un corte de ruta y menos por pantallas feministas que esconden políticas demagógicas para retener el poder. La anarquía como bien utópico es inalcanzable: las instituciones son imprescindibles, pero deben ser bien administradas o de lo contrario se llega a la crisis social a la que nos estamos encaminando.

Con la política no se juega. Maquiavelo decía que hay tres clases de gobernantes: los que saben gobernar, los que no saben pero saben que no saben y los que no saben pero creen que saben. Cuáles creen que tenemos nosotros? La respuesta no es una sola ni tendrá la verdad absoluta, pero el sinceramiento ayudará a salir de este pozo en el que no queremos caer.

Legislación y media

(Por Diego Bogarín)

Tratar una nueva Ley de Radiodifusión es una posibilidad de cambiar las reglas del juego. Pero ¿a quién beneficiar ahora después de tres décadas en las que los grupos económicos operantes han logrado el control hegemónico de la construcción de la realidad gracias a favores políticos de la legislación de los gobiernos de facto?

La industria cultural manejada por las grandes empresas nacionales e internacionales que componen el escenario mediático en Argentina ha extirpado la identidad de los pueblos y, por consiguiente, de los medios del interior, que ni llegan a ser competencia sino empresas serviles del control. Los pocos resistentes, no son vendidos por acuerdos entre los medios concentradores de mano de obra y los sindicatos de canillitas y, así, deben encontrar refugio en formatos digitales menos masivos.

La dominación territorial y política ejercida por Buenos Aires sobre el interior se aplica análogamente a toda práctica y teoría que atraviese el modelo seudo-federal, no sorprende que en el exterior el argentino sea reconocido por el tango y el obelisco y no por el chamamé y el monumento a la bandera. Desde esa construcción bicentenaria, es impensable una posibilidad evasora al centralismo si no es apuntalada por las leyes que comiencen a tratarse, entre las que figura la que regulará la actividad de la prensa electrónica.

El debate no fue abierto de manera genuina, eso es evidente: los debates no publicados entre empresarios comunicacionales y el gobierno, apuntan a la continuidad del modelo vigente, pero con nombres distintos. La utilidad que encontró la dictadura de los ’70 en los mass media para disimular lo indisimulable de otra manera, no difiere mucho de la que pretende encontrar el gobierno contemporáneo en los que se presenten como mejores postores para la defensa de la actual gestión.

Las zonas de frontera son zonas de conflicto. En ellas, la penetración cultural de países como Brasil o Paraguay sólo puede compararse a la que la Capital del país ejerce sobre el conurbano, pero también los resentimientos generados son similares a los encontrados a la vera de la avenida General Paz, la escisión entre las Argentinas.

La profesionalización de los recursos humanos, la transparencia del financiamiento y la conformación de los órganos directivos de las empresas dedicadas a la comunicación, deberán ser tan importantes como la correcta distribución regulada por cuerpos colegiados de los fondos estatales destinados a propaganda gubernamental. Son procesos de sinceramiento adeudados y postergados adrede y manejados como chantajes para el muestreo deshonesto de “qué es lo que pasa”.

Los medios como herramienta, como factores de dominación o como mensaje, deberían ser regulados por normas que empiecen a privilegiar la corrección del monopolio no sólo empresarial, sino también cultural, para abrir un espacio de debate en el que no sean las voces porteñas las que concentren la argumentación y la construcción de identidad.