Legislación y media

(Por Diego Bogarín)

Tratar una nueva Ley de Radiodifusión es una posibilidad de cambiar las reglas del juego. Pero ¿a quién beneficiar ahora después de tres décadas en las que los grupos económicos operantes han logrado el control hegemónico de la construcción de la realidad gracias a favores políticos de la legislación de los gobiernos de facto?

La industria cultural manejada por las grandes empresas nacionales e internacionales que componen el escenario mediático en Argentina ha extirpado la identidad de los pueblos y, por consiguiente, de los medios del interior, que ni llegan a ser competencia sino empresas serviles del control. Los pocos resistentes, no son vendidos por acuerdos entre los medios concentradores de mano de obra y los sindicatos de canillitas y, así, deben encontrar refugio en formatos digitales menos masivos.

La dominación territorial y política ejercida por Buenos Aires sobre el interior se aplica análogamente a toda práctica y teoría que atraviese el modelo seudo-federal, no sorprende que en el exterior el argentino sea reconocido por el tango y el obelisco y no por el chamamé y el monumento a la bandera. Desde esa construcción bicentenaria, es impensable una posibilidad evasora al centralismo si no es apuntalada por las leyes que comiencen a tratarse, entre las que figura la que regulará la actividad de la prensa electrónica.

El debate no fue abierto de manera genuina, eso es evidente: los debates no publicados entre empresarios comunicacionales y el gobierno, apuntan a la continuidad del modelo vigente, pero con nombres distintos. La utilidad que encontró la dictadura de los ’70 en los mass media para disimular lo indisimulable de otra manera, no difiere mucho de la que pretende encontrar el gobierno contemporáneo en los que se presenten como mejores postores para la defensa de la actual gestión.

Las zonas de frontera son zonas de conflicto. En ellas, la penetración cultural de países como Brasil o Paraguay sólo puede compararse a la que la Capital del país ejerce sobre el conurbano, pero también los resentimientos generados son similares a los encontrados a la vera de la avenida General Paz, la escisión entre las Argentinas.

La profesionalización de los recursos humanos, la transparencia del financiamiento y la conformación de los órganos directivos de las empresas dedicadas a la comunicación, deberán ser tan importantes como la correcta distribución regulada por cuerpos colegiados de los fondos estatales destinados a propaganda gubernamental. Son procesos de sinceramiento adeudados y postergados adrede y manejados como chantajes para el muestreo deshonesto de “qué es lo que pasa”.

Los medios como herramienta, como factores de dominación o como mensaje, deberían ser regulados por normas que empiecen a privilegiar la corrección del monopolio no sólo empresarial, sino también cultural, para abrir un espacio de debate en el que no sean las voces porteñas las que concentren la argumentación y la construcción de identidad.